Editorial: Conociendo tus derechos

Amigos:

Iniciamos este primer número de una serie de 15 publicaciones que compartiremos con ustedes para visibilizar el “derecho a la capacidad jurídica” de las personas con discapacidad.

A manera de introducción, para los que no sepan nada del tema, la “capacidad jurídica” es el derecho que todos adquirimos al llegar a la mayoría de edad. Antes de ello, sólo gozamos de derechos, pero no podemos ejercerlos (no se puede votar, firmar, comprar o vender un bien, ni somos responsables de nuestros actos). El código civil peruano indica que las personas con discapacidad intelectual no pueden intervenir en las decisiones que tienen que ver con sus propias vidas, ni se considera su voluntad y sus preferencias, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad. Presumiendo su falta de capacidad y sin conocer cada caso, el código civil ordena que un juez declare la incapacidad a través de una acción que deben iniciar los propios padres y que se llama “interdicción”. La interdicción es equivalente a una “declaración de incapacidad” que se le hace a una persona.  Generalmente, los padres se ven presionados a hacerlo por desconocimiento, con el fin de asegurar una pensión en la que el beneficiario es la persona con discapacidad, o para vender un bien que este ha heredado.  Es decir, que, para gozar de un derecho, se le anulan todos los otros derechos. Y no sólo eso, sino que se nombra a una persona que lo represente y que puede decidir por él o ella sin consultarle. Tal como lo entiende una de las jóvenes con síndrome Down: “es como tener una camisa de fuerza, no puedes decidir, no puedes votar, no puedes hacer nada…”. Otra nos dice: “es como si NO fuéramos personas, como si fuéramos invisibles”.

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad indica que es un derecho contar con capacidad jurídica, como cualquier otra persona, y para ello propone que, en lugar de interdicción, se genere un sistema de apoyos que permita recoger la voluntad de las personas con discapacidad en asuntos que les atañen, y que el Estado garantice “salvaguardas” o medidas de protección adicionales contra el abuso. De esta manera se cambia de una “sustitución de la voluntad” a un sistema de “toma de decisiones con apoyo”. Para que el código civil cambie se necesita que el Congreso emita una ley que modifique algunos artículos del código civil.  En los siguientes números iremos desarrollando más este tema.

En el presente boletín les contamos sobre la conformación de un grupo de congresistas que se han comprometido a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad; la experiencia de Costa Rica que ya cambió su código civil; la experiencia de Colombia sobre el modelo de apoyos y las acciones de la OEA (Organización de Estados Americanos) apoyando este proyecto. También presentamos el programa de la SPSD para promover la autodeterminación, la toma de decisiones y la construcción de un sistema de apoyos. Finalmente incluiremos cada mes las acciones de nuestros líderes autogestores.

No hay comentarios.

Agregar comentario