¡La educación inclusiva no es un favor, es un derecho!

Daleshka Mejía (2)

Nos encontramos en medio del proceso de matrícula para el año escolar 2017 y muchas familias nos llaman y escriben para pedir orientación sobre la educación de sus hijos con SD.

Cada vez más familias conocen sus derechos: saben que las instituciones educativas regulares deben reservar dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve y moderada durante el período de matrícula, que si las vacantes se agotan se debe solicitar esta información por escrito, y que el colegio debe enviar una copia del escrito a la UGEL. Cada vez más familias saben que pueden realizar su denuncia ante la UGEL y acudir a la Defensoría del Pueblo si sienten que se está vulnerando su derecho a la educación inclusiva.

Sin embargo, a pesar de que cada vez más familias tienen conocimiento sobre estos aspectos formales, muchas siguen preguntándose si tiene sentido denunciar. Que es una pérdida de tiempo, que no quiero que reciban a mi hijo a regañadientes, que no va a cambiar nada. La realidad de fondo es que muchas veces las familias aún sienten que una educación de calidad para sus hijos con SD es un favor y no un derecho. Con educación inclusiva de calidad nos referimos a aquella que deben recibir en colegios comunes, que se encuentren cerca a la casa, para que los chicos no tengan que cruzar toda la ciudad para llegar a clase. ¿Estaríamos tranquilos si le niegan la matrícula a cualquiera de nuestros hijos que no tiene SD? Por supuesto que no, moveríamos cielo y tierra porque se le está negando un derecho.

El Art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es un cuento, es una herramienta política, y en su numeral 2 dice: “Los Estados Partes asegurarán que […] las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad”.

Incluso aunque no matriculemos a nuestro familiar con SD en el colegio denunciado, la denuncia sienta un precedente, obliga al colegio a ponerse metas para modificar sus procedimientos y capacitar a sus maestros, presiona a la UGEL para empujar a las instituciones de su jurisdicción a realizar las adecuaciones necesarias para tener colegios accesibles y abiertos a la diversidad. Es posible que en nuestro caso concreto encontremos un colegio que nos brinde más apoyo, pero de todas formas el tiempo que invertimos en la denuncia beneficiará al colectivo, estaremos abriendo puertas para otros. Y quién sabe, quizá el mismo colegio recapacite y esta primera experiencia de atención a la diversidad lo impulse a modificar sus valores.

Una estrategia que muchas familias utilizan es dar una charla de sensibilización al personal de la institución y a otros padres de familia sobre las personas con SD, sus talentos y sus potencialidades. Hay numerosos videos en YouTube que pueden utilizarse para contar qué es este cromosoma extra; que las personas con SD tienen, como cualquier otra, sus preferencias, ritmos, sueños; y que con oportunidades, estrategias y adecuaciones apropiadas pueden desarrollar sus talentos.

En un contexto en el que aún no se cuenta con una política de estado consolidada, clara y con presupuesto serio para la inclusión de estudiantes con discapacidad en colegios regulares, las familias muchas veces tienen que hacer un trabajo extra proponiendo, sugiriendo, llevando a los maestros a capacitaciones interesantes, estando pendientes, exigiendo la evaluación psicopedagógica, haciendo seguimiento al Plan de Orientación Individual, contribuyendo desde casa, proporcionando información al equipo del colegio para que su trabajo sea fructífero. Esas son estrategias con las que las familias contribuyen a una educación de calidad.  

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