Convención de los Derechos PcD

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Principios de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad:

  1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
  2. La no discriminación.
  3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
  4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
  5. La igualdad de oportunidades.
  6. La accesibilidad.
  7. La igualdad entre el hombre y la mujer.
  8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

¿Cuál es el propósito de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.

¿Por qué se creó?

Si viviéramos en un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todas las personas. Sin embargo, en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 millones de personas con discapacidad –alrededor del 10% de la población mundial—carecen de las oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a muchos obstáculos que:

  • Les impiden recibir educación
  • Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados
  • Les impiden tener acceso a la información
  • Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario
  • Les impiden desplazarse
  • Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados

¿Qué ocurre cuando un país firma la Convención?

Los Estados se verán obligados a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Estas medidas incluirán una legislación anti-discriminatoria, eliminarán las leyes y prácticas que establecen una discriminación hacia estas personas y las tendrán en cuenta en la aprobación de nuevos programas o nuevas políticas. Se tratará también de prestar servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles a las personas con discapacidad.

Entre otras cosas, los países que ratifiquen están obligados a:

  • Garantizar un reconocimiento igual ante la ley, incluso el derecho a poseer y heredar bienes, tener control de asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios, crédito e hipotecas;
  • Establecer leyes y medidas administrativas que garanticen que estén libres de explotación, violencia y abuso;
  • En caso de abuso, fomentar que la víctima se recupere y se rehabilite, y que se lleve a juicio al culpable;
  • Fomentar la movilidad personal de las personas con discapacidad, incluso al facilitarles el acceso a dispositivos de ayuda para la movilidad;
  • Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a no ser privadas de su libertad a causa de su discapacidad, a vivir de manera independiente y no estar obligadas a residir en cierto tipo específico de viviendas;
  • Garantizar el derecho a casarse y a establecer una familia;
  • Garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación y darles el apoyo que se requiera;
  • Garantizarles acceso igual a la capacitación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje permanente;
  • Proporcionar atención médica y servicios de salud específicos que sean necesarios debido a su discapacidad;
  • Proteger el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, prohibir la discriminación y garantizar la adaptación razonable de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
  • Garantizar que la personas con discapacidad gocen de un nivel de vida adecuado y tengan derecho a la protección social;
  • Garantizar la participación en la vida pública y política, así como en la vida cultural, en la recreación, los entretenimientos y los deportes.

Sobre nuestro país

El Perú firmó la Convención y su Protocolo el 30 de marzo del 2007 y la ratificó el 30 de enero del 2008, ambos documentos entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Perú está obligado legalmente a dar efecto a las estipulaciones del tratado en el orden legal local.

Para más información:

http://onu.org.pe/temas/personas-con- discapacidad/