¿Cuál es la situación de la política de educación inclusiva?

En agosto del 2017, el Ministerio de Educación reconoció la necesidad de elaborar una política que atienda la diversidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Educación Básica, Técnico Productiva y Superior, identificando y promoviendo la eliminación de barreras y brindando los apoyos específicos que para ese fin se requieran.

Para dicho fin se conformó una Comisión Sectorial, instalada mediante R.M. N° 465-2017-MINEDU y presidida por el Viceministerio de Gestión Pedagógica, con la participación de las distintas Direcciones y Oficinas del Ministerio de Educación. Asimismo, se designaron a algunas instituciones y organizaciones de la sociedad civil como parte del Consejo Consultivo, a fin de apoyar en el proceso de construcción de la política referida.

La Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva forma parte de este Consejo, junto con el Consejo Nacional de Educación (CNE), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Frente al aplazamiento de la consulta requerida, el día 30 de noviembre de 2017, la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva remite una carta (CDEI-018-2017) al Ministerio de Educación, brindando opinión sobre aspectos que considera importante sean incorporados en la política. Entre ellos, se destaca la necesidad de considerar el Art. 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Perú, para determinar los elementos indispensables en la construcción de una política nacional de educación inclusiva.

Sin embargo, ante la ausencia de respuesta, el día martes 27 de marzo se remitió otra carta (CDEI-01-2018) al Ministro de Educación del Perú, expresando nuestra inquietud por el proceso desarrollado para la construcción de la “Política para la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo”, y resaltando la necesidad de cumplir lo establecido en el Art. 14 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, “las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Los procesos de consulta se desarrollan sobre la base de los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia”.

Esperamos que con los cambios que se vienen produciendo en la gestión del Sector sea posible concretar un espacio de consulta y diálogo que recoja las opiniones, experiencias y perspectivas de la sociedad civil y las familias de personas con discapacidad. De este modo, será posible someter el documento referido a la política de educación inclusiva a un proceso de consulta amplio y participativo, lo cual brindaría legitimidad social a una propuesta que, finalmente, busca que todas y todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, ejerzan su derecho a una educación de calidad en la escuela regular, junto a sus pares, en igualdad de oportunidades y con las condiciones óptimas para potenciar su desarrollo y su posterior participación plena en la sociedad.

No hay comentarios.

Agregar comentario