Judicialización de casos en educación inclusiva

Perú ratificó el 30 de enero del 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual implica un compromiso para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la escuela regular. Sin embargo, muchas familias enfrentan diferentes situaciones en las que el derecho a la educación de sus hijos se ve vulnerado, como ocurre en los casos de negación de matrícula por la condición del estudiante, o cobros adicionales asociados a necesidades de apoyo.

Un primer paso para implementar la educación inclusiva es garantizar el acceso de todos los estudiantes a la escuela; sin embargo, es indispensable además que la educación provista sea de calidad. El reglamento de la Ley General de Educación (Ley N° 28044) señala que “cada niño y niña a nivel nacional tiene derecho a la disponibilidad, al acceso a una educación de calidad, a la permanencia en el sistema educativo y alcanzar aprendizajes y competencias que le permitan enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida”. ¿Qué sucede, entonces, cuando no todos los estudiantes tienen la posibilidad de ejercer estos derechos?

Lorena, una joven con síndrome de Down, representa uno de estos casos. Estudió el 1er año de secundaria en una escuela privada; sin embargo, al terminar el año, con gran sorpresa recibió una libreta de notas donde solo figuraban notas reprobatorias. Durante el año escolar, la familia no recibió ninguna notificación del proceso de aprendizaje de la joven, y cuenta con evidencia de que el servicio educativo provisto, en definitiva, no representaba un servicio de calidad.

A pesar de las dificultades del sistema judicial en nuestro país, la familia de Lorena ha decidido iniciar un proceso de judicialización frente a la experiencia del año escolar. Levantar la voz y exigir el cumplimiento de los derechos permite marcar un cambio en el servicio educativo provisto en las escuelas.

La Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva reafirma su compromiso para acompañar casos como el de Lorena, promoviendo el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, e instando al Estado Peruano la fiscalización y sanción de prácticas discriminatorias hacia estudiantes debido a su condición.

Escribe: Yanella Patricia Tello Ponce

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