Un paso más en el reconocimiento de derechos: se aprueba el “Protocolo de atención judicial para personas con discapacidad”

En enero se aprobó el “Protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad” que no solo establece los lineamientos para que jueces y otros operadores judiciales brinden una adecuada atención a las personas con discapacidad, sino que reconoce un derecho fundamental para el ejercicio de los demás: la capacidad jurídica.

El artículo 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con discapacidad (PcD) establece que las personas con discapacidad deben ser reconocidas como “sujetos de derechos”; es decir, que ellos mismos puedan ejercerlos como cualquier ciudadano mayor de edad, con los apoyos que puedan requerir, respetando su autonomía y dignidad, sin sustituir tal ejercicio bajo la presunción de falta de capacidad. Además, permite que la propia persona sea partícipe de las decisiones relacionadas a dónde y con quién desea vivir, su salud, el manejo de sus bienes, su derecho al voto, entre otros; respetando sus preferencias, intereses e historia de vida.

Así, en el Capítulo III (Disposiciones generales) del referido protocolo se señala:

3.4. ESTÁNDAR DE RECONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

  1. Garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales.
  2. Garantizar el respeto de los derechos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad.
  3. Evitar la sustitución en la toma de decisiones.
  4. Disponer de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que permitan su participación en todos los procedimientos judiciales.
  5. Garantizar la tutela preferente de las personas con discapacidad.
  6. Facilitar la legítima comparecencia y actuación de las personas con discapacidad en calidad de partes, testigos u otros intervinientes.
  7. Promover y asegurar la eliminación de barreras que restrinjan o impidan su participación plena y efectiva en cualquier acto judicial, disponiendo de todas las medidas y recursos que garanticen su dignidad, seguridad, confianza, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad, adecuada comunicación y autonomía individual.
  8. Implementar oficinas que aseguren el cumplimiento oportuno de las decisiones que involucren a las personas con discapacidad y el correcto funcionamiento de sus apoyos.

El Protocolo indica también la necesidad que en dicha atención se brinden los ajustes para la accesibilidad que cada condición requiera. El documento completo se puede visualizar en el enlace:

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/

Sin duda, es un paso importante para que el Estado Peruano siga ajustando sus procesos de acuerdo al compromiso que ha adquirido al firmar y ratificar la Convención, y sirve de precedente para que finalmente el código civil sea reformado en esta misma línea.

La SPSD fue una de las organizaciones de sociedad civil que colaboró en la elaboración de este protocolo junto con otras organizaciones y participantes del Primer Congreso de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, organizado por el Poder Judicial en agosto del año pasado.

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